Descansadero de la Dehesa: Otro bien público perdido

El "Descansadero de la Dehesa" de Segovia es una vía pecuaria perfectamente clasificada, deslindada por Resolución de la Dirección General del I.C.O.N.A. de fecha 22-02-1983, con una superficie de 254.000 metros cuadrados, que se extiende entre la Plaza de Toros y las Carreteras de la Granja, Valdevilla y San Rafael.

Es de sobra conocido que las vías pecuarias, una vez perdieron su importante papel para el transisto ganadero, han sido impunemente incorporadas a la propiedad privada de particulares o de Ayuntamientos ante la permisividad de las Administraciones responsables de velar por su protección.

No por ello, las vías pecuarias han dejado de ser "bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables", tal como cita el art. 2 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.

Lo más increíble es que todavía hoy, estos bienes patrimoniales de la Comunidad de Castilla y León sirvan para hacer grandes negocios particulares ante las propias narices de la Junta de Castilla y León como Administración responsable de su conservación y defensa.

Es el caso de la urbanización del sector Plaza de Toros-Depósitos de Agua; cuya superficie de 355.000 metros cuadrados se encuentra en buena parte incluida en los terrenos del citado "Descansadero de la Dehesa".

Aunque de la superficie total de la vía pecuaria ya fueron reconocidos en el momento del deslinde como intrusados y enajenables 177.415; el resto76.585 no obtuvieron tal reconocimiento, siendo rechazadas las reclamaciones de los particulares que hacían valer derechos sobre ellos.

Toda vez que no ha habido enajenación posterior en favor de los intrusados, y teniendo plena vigencia el deslinde realizado, parece claro que todavía hoy esos 76.585 metros cuadrados seguirían siendo un bien patrimonial de titularidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Según la documentación que obra en nuestro poder y en la tramitación de aprobación definitiva del referido Plan Parcial de Ordenación (abril 2000) , de esta superficie total no reconocida en el deslinde a los intrusados, resulta que 64.400 metros cuadrados correspondían a una sola propiedad y 1.312 a otra. Estos particulares, gracias a la pasividad de Junta de Castilla y León que no ha hecho nada para recuperar y defender este bien de dominío público de su responsabilidad, han podido mantener su posesión sobre los terrenos públicos y aportarlos como propios a la Junta de Compensación del Sector.

Por si fuera poco, buena parte de los restantes 10.873 que también quedan dentro del Sector y que no han estado nunca vinculados a ninguna propiedad particular, también han sido incorporados a la urbanización sin que la Junta de Castilla y León haya hecho valer sus derechos de propiedad.

Increíble pero cierto, creemos que de confirmarse estas circunstancias alguien tendría que responsabilizarse y dar la cara ante los ciudadanos por la perdida de este patrimonio colectivo.

Recordemos que esta urbanización también se ha llevado por delante la conocida Casa de Mixtos sin que ninguna Administración haya sido capaz de defenderla.

De esta forma ya poco queda de las más de 25 Has de dominio público que llegó a tener el descansadero de la Dehesa, habiendo quedado de una u otra manera incorporadas a intereses particulares.

Es otra historia más del quehacer institucional de algunos desaprensivos, que nos lleva a los ciudadanos a repetir la misma pregunta: ¿tendremos la gestión de los bienes de dominio público en buenas manos?. Si el agua es para las embotelladoras (Bezoya), el suelo de las vías pecuarias para los promotores inmobiliarios (Sector Plaza Toros), los montes públicos para hacer campos de golf (Segovia 21), los edificios públicos para Universidades privadas (SEK) etc... a este paso, cuando queramos reaccionar, el patrimonio común se lo han repartido entre cuatro listos y mientras los administradores públicos a "uvas".

Sabemos de buena tinta que de este tema se va a hablar y mucho en las próximas fechas y hasta es posible que acabe en manos del Fiscal General del Estado para asuntos de medio ambiente y urbanismo.